CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

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Cuando César Antón Beltrán fue nombrado director general del IMSERSO, su elección fue de las más esperadas y deseadas. El motivo era obvio. Su gestión de la Ley de Dependencia en la Consejería de Familia e Igualdad de Castilla y León fue de las más valoradas entre las Comunidades Autónomas. Ahora, entre sus deseos está “conseguir que los servicios sociales sean viables y sostenibles en el tiempo”. Entre sus premisas, “un marco de referencia estatal con una cartera de servicios con criterios comunes”.

César Antón Beltrán nuevo director general del Imserso

El nuevo director general del IMSERSO nacido el 27 de noviembre de 1957 en Palencia, casado, con tres hijos, es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y pertenece al Cuerpo Superior, Escala Económico-Financiera de la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

«Uno de los principios de la Ley de Dependencia es la Igualdad»

En esta Comunidad Autónoma ha sido Consejero de Sanidad desde 2003 a 2007, y de Familia e Igualdad de Oportunidades en la última legislatura. Los que le conocen le califican de dialogante, una cualidad que deberá de convertir en virtud desde la dirección del IMSERSO. Convencido de la Igualdad en la Ley de Dependencia, demuestra en cada palabra una exquisita formación economicista, convincente en los tiempos que corren. De momento, este palentino vinculado a la localidad cerrateña de Vertavillo, llega con ilusión y ganas para hacer de los Servicios Sociales “un sistema sostenible y viable en el tiempo”.

¿Cuáles cree que han sido las claves del buen resultado de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León?

«El éxito en esta Comunidad Autónoma se consiguió gracias a tres factores:

Primero la agrupación de todos los Servicios Sociales en un mismo órgano, denominado Gerencia de Servicios Sociales que gestiona la integridad de los mismos. En segundo lugar contando siempre con la colaboración y participación de Ayuntamientos y diputaciones, Entidades del ámbito social, asociaciones de familiares de personas con discapacidad, entidades sin ánimo de lucro de atención a personas mayores y, cómo no, también las Empresas privadas que tienen en su objeto social la prestación de cuidados a personas mayores. Por último el hecho de haber encauzado la aplicación del Sistema de Dependencia a través de Servicios sociales. Aquellas Comunidades Autónomas que lo han llevado a la práctica de este modo han obtenido un mejor resultado que aquellas que optaron por sistemas paralelos».

En el contexto socio-económico actual ¿cómo es posible llevar a cabo una integración de la Ley de Dependencia en los Servicios Sociales?

«El reto está en liderar desde el Gobierno la cohesión social que necesita el ámbito sanitario y los Servicios Sociales. Para conseguirlo hay que tener un respeto absoluto a las Comunidades Autónomas que tienen las competencias en las prestaciones y Servicios Sociales y en el desarrollo de la cartera de Servicios de atención a la Dependencia. Hace falta, como dijo la Ministra Ana Mato, un marco de referencia estatal, aún siendo respetables las competencias de las Comunidades Autónomas, porque es bueno para todas las entidades sociales, públicas y privadas. En cuanto al Sistema de Atención a la Dependencia hay que hacer una evaluación de resultados conseguidos, que todavía no se ha hecho, y en base a ello, plantear una cartera de mejoras. Esto conlleva una reflexión sobre el baremo de valoración de dependencia, ya que había estimaciones de atención a 1.170.000 dependientes en España y en estos momentos se supera esta cifra en personas beneficiarias con este derecho. Las estimaciones de atención a los grandes dependientes –los de grado 3- se estimaban en 205.000 personas en toda España, y estamos en más de 400.000. Hay que reflexionar y contrastar el baremo».

¿Es necesario analizar la atención a los Dependientes por Comunidades Autónomas en base al tipo de ayuda concedida?

«Hay Comunidades Autónomas en las que la atención a grandes dependientes en el ámbito residencial alcanza del 20% al 30 %, y en otras tan sólo lo sitúan en el 9%. Esta situación se extiende también cuando hablamos de la atención domiciliaria o la teleasistencia, que es muy distinta para el mismo grado de dependencia según la Comunidad Autónoma.

Ante una misma situación de dependencia el sistema debe establecer un catálogo de atención y servicios uniforme en todo el territorio nacional. La propia Ley prioriza en la atención mediante servicios profesionalizados de la red pública.

Cuando los beneficiarios agoten la capacidad pública, se le atenderá entonces a través prestaciones económicas vinculadas a servicios profesionales (privados, públicos, con o sin ánimo de lucro) Y en último lugar, sólo excepcionalmente, cuidados en el entorno familiar. La situación actual es totalmente contraria a lo que establece la Ley y nos debe hacer reflexionar, ya que más del 45% son cuidados en el entorno familiar. Hay que analizar cómo están prestando la atención a los dependientes las diferentes Comunidades Autónomas».

¿Cree que sería necesario revisar la aportación económica de los dependientes y la que deben de hacer el Estado y las Autonomías para crear una situación de “igualdad” de los ciudadanos en todos los territorios?

«Uno de los principios de la Ley de Dependencia es la Igualdad. Ante igual situación personal de Dependencia, misma atención en cualquier territorio. Hay que utilizar un mismo baremo de valoración y cartera de servicios. No existe la misma forma de medir la capacidad económica en la renta y patrimonio de los dependientes. Tampoco se ha analizado de manera adecuada y exhaustiva cuál es el coste de la Dependencia».

REFLEXIONES SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA

  1. Evaluación de resultados. “Un aspecto muy importante que no se ha hecho en la Ley de Dependencia. ¿Por qué hay estimaciones que pensaban atender a 1.170.000 dependientes y en la actualidad de los que tienen reconocido el derecho ya superan esta cantidad? La estimación con los grandes dependientes era de 205.000 para toda España, y la realidad es que estamos en más de 400.000. El baremo hay que contrastarlo”.
  2. Procedimiento. “Todas las Comunidades Autónomas tienen que tener un procedimiento y un sistema de información común”.
  3. Las prestaciones y servicios. “Me preocupa la calidad. ¿Es adecuado atender a los grandes dependientes con la cartera de servicios que hay o que en una Comunidad Autónoma los grandes dependientes tengan un porcentaje muy alto en teleasistencia, cuando la atención residencial sería la más adecuada?”.
  4. Aspecto económico. “Para que el sistema sea sostenible debe plantearse una Ley en común con las Comunidades Autónomas, pero que prime a aquellas que prestan más servicios que prestaciones económicas”.
En la situación actual que vive España, ¿es un éxito el “no reducir” las prestaciones ya existentes en la Ley de Dependencia?

«En la coyuntura actual hay que considerar que la única decisión política del nuevo Gobierno en esta situación de crisis ha sido actualizar las pensiones a las personas mayores. Al mismo tiempo considero que los servicios sociales y las prestaciones van a seguir siendo prioritarios, sin olvidar que hay que reducir el gasto público para reactivar la economía. La mejor política social es la que genera empleo y actividad económica sostenida.

Todo esto considerando y respetando el espíritu de la Ley de Dependencia, que establece como prioridad la atención a los grandes dependientes, para posteriormente atender a los moderados o leves. Es ese marco de Atención y con un calendario temporal no se ha excluido a nadie, sencillamente se ha aplazado la aplicación de la Ley en el tiempo. El recorte real en la aplicación de la Ley de Dependencia que afectó a los beneficiarios fue la eliminación de la retroactividad que realizó el gobierno anterior y que rompió las expectativas de muchos dependientes que llevaban mucho tiempo esperando las ayudas reconocidas».

¿Cómo pueden los Servicios Sociales contribuir a crear empleo?

«Las Comunidades Autónomas saben que los Servicios Sociales tienen un gran efecto en la generación de empleo profesionalizado y localizado. El mejor ejemplo es un centro residencial de personas mayores porque desde que está en funcionamiento requiere una atención profesionalizada, que a su vez genera actividad económica.

Por tener un indicador comparativo, de los 400.000 cuidadores informales en el ámbito familiar existentes, sólo el 42% están dados de alta según el convenio. Más del 50% de los cuidadores son mayores de 50 años, por eso cuesta creer que la aplicación de la Ley de Dependencia, esté siendo la más adecuada en relación a la atención a los diferentes niveles de dependencia y al efecto que esto podría tener en generación de empleo.»

¿Cuál cree que debe de ser el grado de implicación y colaboración de las entidades que conforman el sistema de servicios sociales para conseguir los objetivos en la protección social a mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia?

«Si los Servicios Sociales se han desarrollado es porque hay sitio para todos, debido a que la Red Pública no puede llegar a todas partes. El futuro está en un sistema de Servicios Sociales que regule un marco de colaboración que apueste por la calidad y el apoyo de la gestión privada. Es importante que cada uno pueda elegir el sistema para ser atendido. La colaboración de todas las entidades – sin distinción- desde la responsabilidad pública en el marco establecido es fundamental para salir adelante en esta situación.»

¿Cuál es el compromiso del IMSERSO y de este Director General para con los mayores?

«A los mayores les preocupa mucho la salud, y sentirse partícipes de esta sociedad, y su economía que la reciente actualización de las pensiones asegura. Lo que estamos disfrutando ahora se lo debemos a ellos. En cuanto a la discapacidad, la principal preocupación es saber que siempre van a estar bien atendidos. Por parte del IMSERSO, quiero que sepan que tienen la puerta abierta, queremos que participen y darles las prestaciones que se merecen.»

En España hay 451.366 usuarios de ayuda a domicilio, 165.294 plazas públicas de residencia de un total de 344.000, ¿qué iniciativas llevará a cabo el IMSERSO en teleasistencia, centros de día, residencias y ayuda a domicilio?

«Toda esta cartera de Servicios Sociales profesionalizados y de calidad, te ayudan a mantenerte en tu entorno familiar, social y geográfico. Las personas dependientes cada vez quieren participar más en cómo se les cuide, pero hay que darles los instrumentos. En atención residencial para mayores, más allá de las prestaciones económicas reguladas por la dependencia, debemos de ser capaces de pactar con las Comunidades Autónomas en el seno del propio Consejo Territorial de la Dependencia una cartera de Servicios de referencia para todo el territorio nacional. Con independencia de las competencias de las Comunidades Autónomas, entendemos que ciudadanos, administraciones y entidades son el catálogo de Servicios y Prestaciones Sociales en nuestro país.

Hay que ser capaces de definir criterios comunes en la ayuda a domicilio, cómo combatir la soledad, la teleasistencia o el nuevo modelo de atención residencial que las personas mayores demandan, porque quieren más privacidad y protagonismo. Eso es lo que se debe liderar desde el IMSERSO.»

La puesta en funcionamiento del Estatuto del Mayor es una de las novedades de este Gobierno. Con su creación se pretenden proteger los derechos del colectivo de la tercera edad “frente a cualquier forma de discriminación, violencia, abuso y garantizando su participación social y acceso a los servicios sociales. ¿Qué derechos destacaría y en qué cree que el mayor está más vulnerable?

«En el Consejo Estatal de Personas mayores se ha planteado que el contenido de lo que vaya a ser el Estatuto de Mayores, nazca de ellos mismos para que, entre otras cosas, nos puedan hacer llegar sus inquietudes y demandas. El Estatuto debe recoger el reconocimiento abierto y público de la labor y el esfuerzo que han contraído las personas mayores en esta sociedad. Tiene que plasmar sus inquietudes y participación en la vida diaria de nuestra sociedad. Hay que afrontar temas sensibles como el trato a los mayores, incluido en el seno familiar, el protagonismo de las mujeres mayores, la jubilación voluntaria flexible, la sensibilización…»

Las personas mayores de 65 años representarán dentro de medio siglo el 30% de la población de la Unión Europea, cuando hoy son un 19%. En este sentido, ¿en qué situación cree que está España con respecto a otros países?

«España sigue manteniendo la mayor esperanza de vida. Quien nace en España tiene por delante más años de vida, y si es mujer, muchos más. Tenemos un sistema de Sanidad Público que cuida y atiende a las personas mayores y unos hábitos y costumbres muy saludables. Hace poco una iniciativa europea propuso conocer la gestión en políticas de atención a los mayores de instituciones como el IMSERSO para tenerlo como referencia. No creo que haya un índice de participación asociativo en Europa como el nuestro. Somos un referente de participación activa».

El espíritu de la Ley de Dependencia es atender primero a los grandes dependientes desde la red pública, y si no es posible, recurrir al sector privado…

«Así lo establece la Ley cuando una persona agota las prestaciones de los servicios públicos. En este sentido, la prestación vinculada al servicio es muy importante. Cuando se agota la capacidad de atención a la dependencia que ofrece el sistema público, la atención a la dependencia se completa a través de un servicio de ayuda a domicilio o una residencia privada totalmente acreditada y que cumpla los todos los requisitos de calidad y profesionalidad, con el fin último de que esa persona pueda seguir siendo atendida como merece. Por eso es muy importante la distribución de los fondos de los presupuestos generales del Estado en función de los servicios que los dependientes realmente necesitan y debe recibir.

Creo que es poca la participación que en la Atención a la Dependencia tiene la prestación económica vinculada a servicios profesionales. Hay unas diferencias muy grandes entre Comunidades Autónomas, con prestaciones de este tipo del 15% y 20% mientras que en otras se queda tan sólo en un 6%».

En este sentido, ¿se contempla algún programa o proyecto de colaboración entre el IMSERSO y los grupos residenciales?

«Los grupos residenciales están representados en el Comité Consultivo, que depende del Consejo Territorial. La aportación de estas entidades en el proceso de mejora y aplicación de la Ley de Dependencia es fundamental. Para ello es importante repartir los fondos de los Presupuestos Generales del Estado, primando la atención a los dependientes a través de Servicios profesionales, antes que la concesión de prestaciones económicas en el entorno familiar, con criterios para alcanzar la calidad en los servicios profesionalizados. De esta manera, se conseguirá la colaboración del Tercer Sector y del Sector de atención residencial, que tiene mucho que decir en el presente y futuro de la atención socio-sanitaria».

Un buen ejemplo es el Grupo BALLESOL…

«Por supuesto, y muy bueno».

ENVEJECER DESDE EL IMSERSO

El Año Europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad Intergeneracional promoverá la vitalidad y dignidad de todos. Por este motivo el IMSERSO tiene previsto la celebración de diferentes actividades y proyectos como órgano de representación ante la Unión Europea, entre las que destacan:

  1. Una página web (www.envejecimientoactivo2012.es) en la que se muestran todas las actividades, proyectos y entidades colaboradoras para este año.
  2. A finales de Abril se celebrará un gran acto para concienciar a la ciudadanía de la importancia de apostar por un Envejecimiento Saludable y el compromiso de aumentar la solidaridad entre generaciones.
  3. En Noviembre se desarrollará la clausura de actos con diferentes programas de participación en toda España y con un mensaje que recuerda César Antón. “Es el momento de poner en valor que las personas mayores son activas, participativas y que tienen mucho que contar a esta sociedad porque están implicadas”.

 

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Miguel Núñez Bello
Miguel Núñez es un periodista español que ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en prensa escrita y televisión. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó trabajando en Medios Escritos como La AGENCIA MENCHETA, Diario MARCA y LA RAZÓN. Durante su etapa en televisión ha dirigido los servicios informativos de 8MADRIDTV. En la actualidad colabora con las publicaciones del IMSERSO y es redactor jefe en la revista BALLESOL. En 2012, con motivo del Año Europeo de Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, recibió el tercer Premio europeo de Periodismo escrito.