AFRONTAR EL FUTURO, ASEGURAR EL BIENESTAR

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Consultoría EAI e Inforesidencias.com

Cuando algo va mal, cuando ves cómo las decisiones que has tomado no han dado los resultados previstos, puedes hacer varias cosas. Una es negar la situación y actuar como si todo fuese bien, otra es lamentarte y culpar a cualquiera salvo a ti mismo de lo que ha sucedido. Para muchos, aquí acaban las opciones. Por supuesto, queda otra vía más audaz y difícil: admitir el error, intentar entender qué ha ido mal y ponerse en marcha para probar una nueva aproximación al problema.

Que la Ley de Dependencia ha ido mal es algo en lo que casi todos coincidimos a estas alturas. De cómo se entienda este fracaso y de cómo se afronten las cosas a partir de ahora depende no sólo la supervivencia de muchas empresas que invirtieron grandes cantidades de dinero, o el puesto de trabajo de miles de profesionales, sino además, y lo que es más importante, el bienestar de una parte de la población especialmente vulnerable y merecedora de nuestra solidaridad.

Si creemos a nuestros gobernantes podremos llegar a pensar que la Ley de Dependencia era una idea muy buena, que estaba bien pensada pero que la mala gestión del gobierno anterior y la crisis la han hecho inviable y por eso ahora hay que “repensarla” (bonito eufemismo) y “racionalizarla”. Si creemos a la oposición también pensaríamos que la Ley era una muy buena idea pero que el gobierno actual, con sus ansias por laminar el estado de bienestar, la está destruyendo inmisericordemente. Por supuesto todos mienten.

La Ley de Dependencia, a mi entender, fue un mal desarrollo de una buena idea. Lo llevo diciendo y escribiendo desde 2008. Ahora no es momento de buscar culpables sino causas y posibles soluciones, y a eso quiero dedicar las siguientes líneas.

Es realmente encomiable que un estado avanzado decida dedicar una parte de los recursos públicos a garantizar que las personas dependientes (aquéllas que necesitan de ayuda para realizar las actividades que normalmente la gente lleva a cabo por sí mismas) reciban los cuidados adecuados. Lo que resulta reprobable es que lo haga sin conocer adecuadamente la realidad previa, sin hacer una previsión solvente y sin establecer criterios claros que permitan planificar el gasto y mantener el sistema en el tiempo. Eso es lo que creo que se hizo al redactar la Ley pero, como después se aprobó en el parlamento con el apoyo de los grandes partidos, nadie ha querido reconocer que el problema no está tanto en la gestión sino en la Ley misma.

«De cómo se afronten las cosas depende el bienestar de una parte de la población»

Si queremos evitar los errores a partir de ahora deberíamos empezar por analizar cómo son las cosas e intentar prever, cómo responderán ante determinadas actuaciones públicas.

Sabemos que si el gobierno ofrece a bombo y platillo “El cuarto pilar del estado de bienestar”, “Prestaciones y servicios para todos los dependientes” y cosas así, habrá muchas personas que, con independencia de su grado real de necesidad, acudirán a la administración a pedir “algo”. Sabemos también que si no somos muy estrictos en la forma de valorar la dependencia, puede suceder (como ha sucedido) que acabemos teniendo muchos más dependientes de los que habíamos previsto. Por eso, un nuevo sistema debería nacer de una forma más humilde. Creo que si consiguiésemos tener una atención universal a la gran dependencia, con un sistema riguroso de valoración estaríamos dando un paso enorme como país.

Sabemos, porque ya había pasado en otros países, que cuando a una persona dependiente se le ofrece dinero o un servicio profesional, tiende a pedir dinero. Sabemos que ese dinero normalmente no hace que la persona reciba un mejor servicio aunque, en muchas ocasiones sirve para sobrellevar una situación de penuria económica. La “paguilla de la dependencia” supone hoy en día un alivio para muchas familias que lo reciben aunque objetivamente pervierte el sistema. Si lo prioritario es apoyar con dinero a determinadas personas hay que dárselo con independencia de que tengan o no a un dependiente en casa. Si lo prioritario es ofrecer servicios profesionales y una atención de calidad a los dependientes, hay que potenciar los servicios y hacer realmente “excepcionales” las prestaciones económicas.

«La Ley de Dependencia, a mi entender, fue un mal desarrollo de una buena idea»

Sabemos también que en España existe un sector privado de atención a la dependencia, que en los últimos años ha demostrado capacidad de inversión, gestión profesional y sobre todo, eficiencia. Un sector que ha creado miles de plazas residenciales y puestos de trabajo, sin necesidad de inversión pública.

Aunque las administraciones se resisten a ofrecer datos claros, el sector privado de atención a la dependencia está cuidando a personas mayores en residencias concertadas a un precio que está por debajo de la mitad de lo que le cuesta a la propia administración mantener sus residencias de gestión pública. Eso sin existir evidencia de que un tipo de gestión garantice un nivel de calidad o satisfacción claramente superior al otro.

Las políticas que están llevando a cabo las diferentes administraciones últimamente, consistentes en rebajar el precio de concertación y a la vez dilatar el pago, ponen de manifiesto de una forma aún más sangrante la contradicción en que incurre la actuación pública. En vez de cambiar la forma ineficiente de prestación de servicio (la pública) estrangula a la eficiente llevándola al extremo. Un comportamiento temerario ya que pone en riesgo la atención futura de los dependientes ¿Quién querrá invertir en este sector dentro de unos años viendo el maltrato a que le somete la administración a la primera de cambio?.

Nuestros gobernantes deberían ver que el sector privado de atención a la dependencia es un lujo para España. En él conviven empresas pequeñas de ámbito local que están viviendo un proceso de adaptación a los cambiantes criterios de acreditación, con otras medianas y grandes que constituyen verdaderos grupos de ámbito nacional con modelos de atención y empresariales consolidados. El sector ha conseguido atraer con el paso del tiempo a inversores de diferentes ámbitos y está viviendo un proceso de concentración. Y a pesar de todo, las administraciones siguen tratándolo con desconfianza y rigidez.

«Hay que potenciar los servicios y hacer realmente “excepcionales” las prestaciones económicas»

Los poderes públicos y los ciudadanos en general deberían saber que detrás de cada residencia privada, concertada o puramente privada hay, además de la inversión, un equipo de profesionales que supone casi uno a jornada completa por cada dos residentes, y en muchas ocasiones, más. Profesionales entre los que abundan mujeres de mediana edad que han encontrado en este sector la puerta de acceso al mercado laboral y están recibiendo formación y capacitación profesional.

Si la nueva Ley de Dependencia se basa en la cobertura universal a los grandes dependientes mediante servicios profesionales y en una colaboración confiada con la iniciativa privada, quizás esta vez tengamos más suerte.