EXÁMEN A LAS RESIDENCIAS ESPAÑOLAS

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En la última década, ha sido la iniciativa privada –animada por las perspectivas de futuro– la que ha llevado a cabo un mayor desarrollo del sector de atención a las personas Mayores.

La oferta y el panorama de los centros residenciales para las personas mayores en España es diverso, en función de las diferentes regiones, de la titularidad y de su gestión. Una realidad condicionada por la evolución demográfica y su progresivo envejecimiento. En la última década la oferta residencial ha cambiado de manera considerable. Ésta se caracterizaba por una red escasa de residencias públicas. La presión demográfica existente ha obligado a que el sector privado, en solitario o bajo fórmulas de cooperación con el público, haya equilibrado la oferta y la demanda de plazas residenciales. La situación actual, se resume en que la oferta de plazas residenciales ha llegado a superar la demanda existente por parte de la población, entendiendo que no se trata de  la demanda real. Los expertos en la materia insisten en que la demanda real significa el número real de personas que se encuentran en situación de dependencia física y necesitan acceder a recursos asistenciales en residencia, ya que o no acceden a una plaza pública, o no pueden hacer frente al coste de una privada.

La actual oferta residencial para mayores en España, está compuesta por residencias de titularidad pública, privada, públicas, de gestión privada y privadas con concertación de plazas con el sector público. Cada uno de estos modelos de titularidad y gestión, responde y se adapta a situaciones de características muy variadas y aportan una serie de ventajas. En general, los dos últimas modelos se están imponiendo como los más comunes, ya que aúnan los puntos fuertes de la oferta privada y la pública (Hablamos de la eficacia y eficiencia en la gestión del centro y de costes con un buen servicio y atención hacia la personas mayores). A su vez, estas modalidades permiten que el coste de la atención residencial y asistencial tanto para el residente como para la Administración sea muy razonable. Queda pendiente equilibrar el esfuerzo  y la contraprestación que desde la iniciativa privada supone en muchas ocasiones la fórmula de la concertación de plazas con la Administración.

En cualquier caso, en los últimos diez años ha sido la iniciativa privada -animada por las perspectivas de futuro- la que ha llevado a cabo un mayor desarrollo del sector de atención a las personas Mayores, con un incremento fundamental del número de plazas residenciales en el territorio español. La iniciativa privada, está obligada a ser muy eficiente en todos los aspectos de la gestión de la actividad que desarrolla, desde la ubicación, el diseño y la construcción del centro residencial, hasta la gestión diaria de la actividad. Por tanto, esto obliga a los centros privados a trabajar para que la atención y cuidados dispensados deban ser de una calidad contrastada y con una gestión de costes óptima, que asegure la viabilidad y continuidad del proyecto.

La realidad es que los niveles de ocupación de las residencias de titularidad privada depende precisamente de esa demanda privada, vinculada ésta a la situación o coyuntura económica y social. A su vez, la Administración, aprovecha las fortalezas que la iniciativa privada aporta en calidad de atención  y servicios prestados, en la  eficiencia  en costes  para aminorar la partida presupuestaria necesaria a través de la concertación de plazas o con la gestión privada de residencias públicas. La concertación de plazas con el sector privado o la gestión privada de centros públicos se ha configurado como la mejor opción para hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, obteniendo unos servicios asistenciales de calidad y haciendo que éstos lleguen al mayor número posible de ciudadanos.

Es necesario señalar que existen residencias que sin estar en posesión de las autorizaciones pertinentes operan en el mercado de manera ilegal, introduciendo un elemento de distorsión. Estas iniciativas suponen un elemento de competencia desleal, ya que son opciones que al carecer de autorización administrativa incumplen los requisitos necesarios para operar en el mercado, generan a su vez una imagen desfavorable del sector y los servicios que prestan no respetan los mínimos exigibles de calidad asistencial requeridos.

Para alcanzar esa calidad asistencial de las residencias es importante la implicación y coordinación de todos los profesionales asistenciales. En este sentido, las circunstancias que caracterizan los centros de gestión privada o privada concertada aportan un plus de motivación, esfuerzo y autoexigencia propios de la eficiencia y eficacia que la gestión privada aporta.

“Los centros de gestión privada (o privada concertada) se caracterizan por aportar un plus de motivación, esfuerzo y autoexigencia propios de la eficiencia y eficacia que la gestión privada aporta”

En cuanto al coste de las residencias, cabe reseñar que ser pública no significa ser gratuita. Los residentes han de pagar por su plaza el 80% de su pensión, sea o no contributiva. Es difícil obtener una plaza, ni siquiera los Centros Concertados (residencias privadas que ceden o venden parte de su capacidad a la Administración) han podido absorber este excedente de jubilados y solucionar un problema que se agrava con el tiempo, es decir, el de las personas que sin posibilidad help site de acceder a una residencia pública no pueden tampoco permitirse el lujo de una privada. Las residencias públicas son escasas en número y caras para la Administración que las gestiona y en general para los contribuyentes. Fuentes de la Federación Nacional de Residencias Privadas para la Tercera Edad aseguran que al Estado le cuesta las residencias públicas más de 90,00 € por cama y día, cuando su valor real es de unos 45,00 €, exactamente el precio que cobran, también al Estado, los centros privados/concertados. En conclusión, los precios de las plazas residenciales se encuentran muy ajustados a los costes. Eso supone que las plazas residenciales no son caras, sino costosas como consecuencia de los elevados costes que tienen la prestación de estos servicios residenciales y asistenciales (costes laborales; el coste del suelo; el coste de los consumos: alimentación, energía, agua, etc.).

Por otro lado, el modelo tradicional de residencia pública responde a un complejo gran tamaño, pudiendo llegar a superar las 500 plazas, situadas en zonas cercanas a núcleos urbanos en los que se trata de dar atención a todas las personas mayores con diversos tipos de dependencia. En cambio, las residencias privadas, especialmente las construidas en las dos últimas décadas, se encuadran en un modelo caracterizado por disponer de un número de plazas, diseño de espacios y ubicación que se ajusta mucho más al entorno o ubicación en la que se encuentran. De este modo, es poco frecuente que el número de plazas supere las 160 plazas y suelen estar destinadas a tipologías de residentes más acotadas.

El ingreso de los residentes en centros privados se efectúa previa solicitud de los mismos, o de la persona responsable de ellos (de hecho o de derecho) en el supuesto de incapacidad. Dicha solicitud habrá de presentarse a la dirección del centro y en ella se harán constar todos los datos referentes a la situación y antecedentes sociales y sanitarios del futuro residente, así como cualquier otro que se juzgue de interés. Para su ingreso, los residentes deberán cumplir los siguientes requisitos: tener una edad superior a los 65 años; someterse a un reconocimiento previo por parte del equipo médico del centro, que dará informe favorable o desfavorable del ingreso del residente; conocer y aceptar en el momento del ingreso las tarifas de precios vigentes; suscribir en el momento del ingreso el correspondiente Contrato de Admisión e Ingreso; y conocer  y aceptar el contenido del presente Reglamento de Régimen Interior.

En cuanto a los requisitos para el ingreso en una residencia pública, hay que tener mínimo 60 años. Para el ingreso en estas residencias gestionadas por la Comunidad Autónoma se requiere además de ser pensionista de cualquier sistema público de pensiones, o tener en el momento de la solicitud cumplidos todos los requisitos para obtener dicha condición, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni enfermedad que requiera atención permanente en hospital. Los expedientes de solicitud de ingreso son tramitados por el servicio de valoración y diagnóstico de Servicios Sociales, mediante la aplicación del baremo vigente. Al servicio de Atención a Personas Mayores de Servicios Sociales le corresponde la gestión administrativa de expedientes de solicitud de centros residenciales para las personas mayores.

Existen residencias que sin estar en posesión de las autorizaciones pertinentes operan en el mercado de manera ilegal, introduciendo un elemento de distorsión.

Las residencias públicas son escasas en número y caras para la Administración que las gestiona y en general para los contribuyentes